Con el fin de blindar la prestación del servicio eléctrico en Colombia, el Gobierno Nacional implementó un nuevo aporte parafiscal del 2,5% para las empresas generadoras de energía. Esta medida, adoptada bajo el Decreto de Emergencia Económica y Social, busca asegurar que la cobertura, calidad y sostenibilidad del suministro lleguen a todos los rincones del país.

La contribución especial está contenida en el Decreto Legislativo 0044 del 21 de enero de 2026 expedido al amparo del estado de excepción como medida transitoria, que incluye también un aporte solidario en energía por parte de algunas empresas del sector eléctrico.

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Las dos disposiciones permitirán que el Fondo Empresarial de la SuperServicios respalde a las empresas intervenidas y evitar interrupciones del servicio.

“Según la información disponible, un número significativo de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se encuentran intervenidas y requiere del apoyo financiero y operativo del Fondo Empresarial, principalmente para garantizar la prestación de los servicios de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, lo cual evidencia una presión creciente sobre la capacidad financiera del Fondo", señala uno de los considerandos del Decreto.

En otro aparte indica que “se ha materializado una perturbación grave e inminente del orden económico y social asociada a la prestación del servicio público de energía eléctrica, como resultado de un deterioro acelerado de la liquidez y de la estabilidad financiera de los agentes que participan en el Mercado de Energía Mayorista -MEM-con especial intensidad en la región Caribe, situación que compromete la continuidad, confiabilidad y seguridad del suministro eléctrico".

La contribu​​ción

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La contribución parafiscal será del 2,5% sobre la base gravable de utilidades de las empresas antes de impuestos, la cual se pagará en dos cuotas: la primera, de 1,25%, el 2 de febrero de 2026, y la segunda, por el mismo porcentaje, el 15 de mayo entrante.

Mientras, “el aporte en especie será del 12% de la energía efectivamente vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista que se distribuirá proporcionalmente entre las empresas intervenidas, liquidada mensualmente. Este aporte no podrá tener efectos en la tarifa, ni afectar el despacho económico, ni la formación de precios del mercado", dice la norma.

Un problema​ de 20 años

De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, “este no es un decreto contra el sector eléctrico, es un decreto para salvarlo de la falta de acción de los gobiernos anteriores y de los honorables parlamentarios que han asfixiado la política fiscal del país para la prestación del servicio. Actuamos para evitar un riesgo sistémico real que podría dejar a millones de colombianos sin energía si no se tomaban decisiones oportunas y responsables".

Recordó que el problema energético en el Caribe existe hace más de 20 años y aseguró: “Ya son siete empresas que han fracasado por culpa de la clase política del Caribe colombiano, y muchos gremios callaron durante ese tiempo".

El ministro subrayó que las medidas son excepcionales, y temporales y que no tendrán impacto en las tarifas ni en la formación de precios del mercado.

“Estas medidas son difíciles, están contra las utilidades de la empresa, no se trasladan ni a la tarifa ni al usuario, pero además son medidas temporales durante la emergencia para alimentar el Fondo Empresarial que estaba consagrado en el proyecto de Ley de Financiamiento que hundió el Congreso de la República", dijo.

“Este decreto no se traslada a la factura de los usuarios, no altera el despacho económico ni cambia las reglas del mercado. Su objetivo es proteger a la gente y las empresas del sector para garantizar la continuidad del servicio y evitar que una crisis financiera, creada por algunos congresistas, entre ellos los de la bancada Caribe, que al parecer desean que su región y el país entero termine en apagones", agregó.

El jefe de la cartera aseguró que el decreto legislativo “se ajusta plenamente a los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad, y su vigencia está limitada estrictamente al periodo de la Emergencia Económica, mientras se avanza en soluciones estructurales que garanticen la sostenibilidad del sector eléctrico a largo plazo", concluyó.